Propuesta de seguridad humana

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Por: Marcos de los Ríos (Abogado Criminólogo)

El incremento de las acciones delictivas convencionales, en la ciudad de Valparaíso, ha sido de un 15% anual, afectando principalmente al comercio minorista y a los hogares, además de estos delitos contra la propiedad, se ha producido paralelamente un aumento en los delitos contra las personas, destacándose, entre otros, la violencia intrafamiliar y el bullying escolar. Frente a esta situación, el control social tradicional pretende resolver este fenómeno complejo con técnicas de intervención urbana, propias de los años ochenta en Europa, concretamente las aplicadas en Inglaterra, las cuales mostraron su ineficacia en la práctica, pues tan sólo, en los delitos contra la propiedad, se limitaron a la recuperación de espacios públicos, por ejemplo, mediante cámaras y luminarias.

A este respecto, cabe señalar, por ejemplo, que la instalación de cámaras de vigilancia ha sido inoperante, toda vez que los delincuentes comunes resuelven este problema de dos modos, a saber: se desplazan del lugar de comisión habitual de los delitos, o simplemente, eliminando de hecho la fuente de energía que alimenta las cámaras.

En lo que respecta a la violencia intrafamiliar, las medidas precautorias o cautelares no se cumplen por falta de fiscalización y control efectivo de los infractores que violan las sentencias judiciales y órdenes policiales, por ejemplo, acercamiento del victimario a la víctima, lo que desemboca fatalmente en femicidios o parricidios. Pensamos que hay que resolver previamente el problema de la relación perversa, antinatural y cómplice que se establece entre el agresor y agredido, desde la perspectiva victimológica (víctima simuladora, provocadora, etc.). La relación víctima-victimario no es mecánica ni su causalidad es lineal. En rigor, la sociedad debe dar respuesta en su conjunto a la violencia doméstica y urbana desde una mirada interdisciplinaria (biopsicosocial), con el fin de abordar las causas y no atender tan sólo los efectos. Aquí se requieren políticas proactivas y colaborativas y no meramente reactivas o represivas del control social e institucional.

Ahora bien, en el caso del bullying, la acción preventiva se redujo a la elaboración de un decálogo, manual o cartilla educativa de convivencia escolar meramente normativo, plagado de declaraciones de buenas intenciones, pero no internalizado y asumido en la vida cotidiana y práctica social de los estudiantes. A decir verdad, creemos que la violencia es más estructural y obedece a factores multicausales que cabría analizar con la participación creativa, permanente y activa de la comunidad educativa (directivos, docentes, padres y apoderados, alumnos y comunidad organizada).

Desde luego, esta visión sesgada y unilateral de la delincuencia y violencia forma parte del paradigma clásico de la denominada seguridad pública, concepto un tanto paternalista y represivo que le entrega al Estado de manera exclusiva y excluyente la tranquilidad social. De hecho, este modelo también ha sido compartido en Chile, con algunos énfasis y matices, por las fuerzas políticas gobernantes tanto de la Concertación y de la Alianza. Por cierto, los resultados están a la vista: violencia juvenil, criminalidad galopante y anomia social.

En el caso específico de la Concertación, se trató de avanzar hacia un modelo de Seguridad Ciudadana, consistente en potenciar instituciones como el SENAME para evitar el contagio criminógeno de los menores de edad; por su parte, el CONACE surge para tratar la incidencia de la drogodependencia en la comisión de los delitos violentos o de connotación pública y, por último, la instalación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, con el objeto de reinsertar y rehabilitar a los jóvenes vulnerables o en riesgo social. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos y gastos, la raíz del problema radica, a nuestro juicio, en una concepción y voluntad política que permite que las cuestiones fundamentales de la prevención delictual queden siempre en manos del Estado, ignorando o menospreciando el rol de las organizaciones sociales y redes de socialización de la comunidad.

Por todo anterior, se hace imprescindible proponer una nueva visión alternativa, creativa e innovadora de la Seguridad que no deje fuera los avances efectivos realizados en la materia, pero que supera desde una perspectiva interdisciplinaria y cualitativa los enfoques tecnicistas y meramente cuantitativos de los modelos previamente esbozados. A esta propuesta sistémica y crítica la llamaremos Seguridad Humana, debido a su carácter integral u holístico, dado que aborda el hecho criminal desde una óptica científica y metodológica pertinente, significativa y adecuada. Ésta se puede sintetizar a grandes rasgos, en los siguientes aspectos, a saber:

1) La criminalidad tiene dos dimensiones: una convencional o común y otra no convencional. Lo que la técnica tradicional intenta prevenir y reprimir con mayor fuerza y notoriedad mediática es el delito común (robo, hurto, lanzazo, etc.). El monto económico involucrado no alcanza ni al 3% del total de los crímenes patrimoniales cometidos por delincuentes de cuello blanco y celeste. El primero, lo realiza el privado que corrompe al funcionario público y el otro, lo lleva a cabo el miembro de la elite empresarial o económica que se apropia, directa o indirectamente , de los recursos del erario público. Estos delincuentes gozan de impunidad, sobre debido a su poder económico y mediático o capacidad de lobby ante la autoridad política, policial o judicial.

2) La corrupción de las personas e instituciones por parte de los privados, es la que, en la práctica, causa mayor daño colectivo porque es soterrada y deslegitimadora, erosionando y desnaturalizando el rol imparcial e independencia de la autoridad pública, enviando esta conducta desviada una señal potente de impunidad al conjunto de la sociedad y proveyendo de justificación moral al delincuente común, amén de que se ejerce con este tipo de ilícitos una violencia indirecta sobre la conciencia de la ciudadanía, socavándose el principio de autoridad y la igualdad ante la ley.

3) La Seguridad Humana tiene una visión global del crimen y, por tanto, va más allá del modelo causal-explicativo que, por ejemplo, en el tema de las drogas, parte del supuesto erróneo de que eliminando la “pasta base”, disminuirían los delitos violentos. Ello quedó en evidencia en el fracaso del Plan Colombia que causó, en el primer lustro de su aplicación, el desplazamiento forzado de más de 800 mil campesinos hacia la periferia de las ciudades, generando una marginalidad y criminalidad urbana que trajo consigo una secuela de otros delitos de connotación social (sicariato, robo de vehículos, violencia intrafamiliar, secuestro express, etc.). En consecuencia, ante estos hechos, se impone la necesidad de debatir la despenalización de las drogas blandas, tal como sucede en Holanda, país que, hoy por hoy, está cerrando penales y asumiendo la seguridad humana desde una actitud más amigable y comprensiva.

4) La gran pregunta que surge y es un desafío para la Seguridad Humana y Políticas Criminales se resume en la interrogante abierta, a saber: ¿Se puede rehabilitar a quien nunca ha sido habilitado, reconocido y apoyado en sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales?; asimismo, anexa a esta problemática surge otra cuestión: ¿Se puede reinsertar humana, psicosocial y laboralmente a quien nunca ha estado inserto o integrado en la sociedad y, por lo mismo, es un marginado o excluido, dado que no cuenta con redes de apoyo, contactos o influencias? Las respuestas a estas interrogantes trascienden el ámbito político-penal tradicional e interpelan a una Sociedad Civil más inclusiva y abiertamente crítica de las fórmulas o mecanismos de solución convencional. En este sentido, es preocupante que en julio del año pasado, el gobierno actual haya dictado un decreto que elimina la obligatoriedad de la enseñanza de la música en los colegios, con el fin de privilegiar áreas más científicas o técnicas, tales como matemáticas, criterio binario, simplista y estrecho que no compartimos, porque va contra la concepción sistémica e interdisciplinaria de la seguridad humana.

Quizá resulte ilustrativo a este respecto, la acción mancomunada del movimiento estudiantil que integró proactivamente a la familia, el arte y la cultura en sus reivindicaciones sociales y plataformas de lucha política, de suerte que, podríamos concluir que “un artista más es un delincuente menos.”

5) En el ámbito de la inteligencia policial, podríamos decir que ésta se reduce a simples análisis de contenido de noticias de prensa, amén de la información que proveen los informantes infiltrados en organizaciones sociales, eventos masivos o grupos delictuales, a lo que se agregan medidas intrusivas, tales como las escuchas telefónicas, especialmente en los delitos de pornografía infantil, tráfico de drogas y terrorismo. Ante esto, la Seguridad Humana propone la Intelección Social y la Inteligencia Social, consistente en un cambio teórico y metodológico que incluye el análisis de las variables ocultas o tabú, es decir, aquellas que no son consideradas en los gráficos y estadísticas de las metodologías cuantitativas, por ejemplo, la influencia del factor pedofilia en la voluntad de poder de grupos fácticos de presión, lo que se reveló en el caso Spiniak, situación que involucró a connotados miembros de la clase política.

6) Proponemos la construcción de los comités de seguridad humana cuyo objetivo sería promover, implementar y desarrollar una cultura microsocial de seguridad integral y sustentable. Se asume, en base a hechos de relevancia pública, que en Valparaíso hay un creciente proceso de deslegitimización y desconfianza en la autoridad que ejerce el control social formal mediante agencias estatales, las que por mandato constitucional y legal están profesional y técnicamente destinadas a la persecución y sanción del delito.

7) Desde la Criminología Crítica existen dos tipos de casos resueltos, aquellos que se resuelven policialmente y otros que se dirimen judicialmente, éstos últimos, no pocas veces quedan impunes, gracias al amparo del formalismo procesal. Por ello urge, a la luz de estos hechos, la necesidad de asesoría, investigación y capacitación criminológica y victimológica, con el propósito de preparar profesionales idóneos y especializados en el combate del crimen, la violencia y la delincuencia. Dada la magnitud de los recursos públicos invertidos en seguridad, tanto por el Estado como por los ciudadanos, creemos que esta importante función social de prevención y contención del delito no puede improvisarse ni entregarse a legos, aficionados o neófitos. Por lo tanto, sugerimos la creación de la UNES (Universidad Experimental de Seguridad) que sea capaz de generar documentos de trabajo, experticia científica y manejo académico en el ámbito de la seguridad pública y privada, para evitar así que gobiernos como actual pongan como encargados de la seguridad pública de Santiago a un operador político o candidato derrotado en las elecciones.

8) Es importante también la creación del Observatorio criminológico y victimológico, con el fin de monitorear, hacer un seguimiento y evaluación de la cifra negra del delito, desde los sujetos en cuanto víctimas y victimarios, mediante el empleo de instrumentos científicos validados y confiables, propios de la Criminología crítica, analítica y empírica, que son las Encuestas de victimización y Observación Participante por barrios, cerros y poblaciones, dando una mirada microsocial e intersubjetiva al fenómeno de la inseguridad, violencia y delincuencia en nuestra región.

9) A partir del aporte que hace el psicoanálisis criminológico, creemos necesario instaurar una política criminal diferencial que complemente cualitativamente y enriquezca dialécticamente el tradicional análisis que realizan los psicólogos y trabajadores sociales en las respectivas agencias estatales, a saber: Gendarmería, SENAME y tribunales.

He ahí, en apretada síntesis, nuestra propuesta de seguridad humana, la que es inseparable del desarrollo humano que garantiza a través de un estado social y democrático de derecho las libertades fundamentales de las personas y las necesidades básicas de la comunidad, reduciendo las desigualdades económico-sociales y ampliando las oportunidades al conjunto de la sociedad sin exclusiones ni discriminaciones anacrónicas, irritantes y arbitrarias.

Por un Chile más seguro, libertario e inclusivo.

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